16 de noviembre de 1989, asesinato de los sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados seis sacerdote jesuitas junto a dos colaboradoras por elementos del batallón Atlacatl en su residencia al interior del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, una acción que ocurre en pleno conflicto armado y es considerado un ataque a la intelectualidad de ideas que los sacerdotes jesuitas promovían frente al conflicto armado.

Los religiosos ya habían sido amenazados en 1977, mediante un comunicado se les exigió abandonar el país; sin embargo, ellos decidieron quedarse para buscar la paz con justicia que a gritos pedía el pueblo salvadoreño.

Padre Juan Hernández Pico, sacerdote Jesuita:  

“Sucede  primero con un cateo en la casa donde vivían los padres jesuitas, un cateo por el mismo grupo que los mato el  batallón  Atlácatl  y aparentemente buscando  armas, prueba de conexión de algún tipo de relación  con la guerrilla y después de ese cateo que no encuentran nada  parece que todo se ha acabado,  pero hablando de otro modo fue un reconocimiento, pero alrededor de la una de la madrugada volvieron”. 

Elba y Celina Ramos, Joaquín López,  Amando López, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes  e Ignacio Ellacuría fueron ejecutados por  elementos del batallón  Atlácatl. 

“Ellacuría siempre pensó que no era posible ningún triunfo  de la guerrilla y del ejército y lo que debían hacer  es llegar  primero al dialogo  y después a negociaciones, que  fue lo que ocurrió de hecho, al final fueron negociaciones  que culminaron con los acuerdos de paz” , expresa el Dr. Héctor Samour

Fue precisamente la búsqueda del diálogo y la justicia social, a través de sus ideas, el “pecado” de los padres lo que desencadenó el fin a sus vidas. Los sacerdotes y Elba y Celina quienes eran madre e hija, fueron sacados de sus habitaciones y puestos sobre el césped de la casa y ejecutados con armas de diferente calibre. El ataque culminó con un mensaje por parte de los verdugos, algo que ellos denominaron traición.

El coronel Guillermo Benavides fue condenado en enero de 1992 por el caso jesuitas, antes de la promulgación de la Ley de Amnistía. 

Con la derogación de la Ley de Amnistía, la Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad de volver a juzgar crímenes de guerra en el país. La sentencia permite exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) realice una investigación en contra de los actores intelectuales de la masacre